• La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario será una buena herramienta para las universidades a la hora de hacer frente a los cambios sociales, económicos, tecnológicos, y del conjunto del conocimiento, que tendrán en los próximos 20 años..
• La Ley, tras su paso por el Congreso, tendrá que ser votada posteriormente por el Senado, para ser aprobada definitivamente.
• El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha insistido en que la llamada LOSU “era totalmente necesaria. La anterior ley tiene ya más de 21 años y entendemos que era absolutamente imprescindible y que ha contado con una amplísima consulta de todos los sectores de la comunidad universitaria”.

El Congreso de los Diputados ha dado esta misma mañana, 22 de diciembre, el visto bueno a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, y tendrá que ser votada por el Senado para ser aprobada definitivamente previsiblemente en el primer trimestre del año 2023.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, destacó en la tarde del miércoles, 21 de diciembre, concluidas las preguntas y las interpelaciones de la sesión de control, que la aprobación de la ley ha supuesto “un proceso de diálogo intenso, de construcción de consenso que pretende que la ley pueda contribuir a cómo el sistema universitario encara, al menos, los próximos 20 años. Tendremos una ley que mejora la situación actual porque reconoce la diversidad y pluralidad del sistema universitario y, al mismo tiempo, incorpora elementos nuevos muy significativos, como el proceso de europeización del sistema universitario que creo que conviene destacar”.

Además para la aprobación de este anteproyecto de ley, el Ministerio de Universidades ha trabajado buscando el máximo consenso, con mejoras con los diferentes grupos parlamentarios para garantizar que la ley fuera una buena herramienta para las universidades a la hora de hacer frente a los cambios sociales, económicos, tecnológicos, y del conjunto del conocimiento que tendrán que hacer frente en los próximos 20 años.

Dentro de las mejoras más destacables que se han producido durante el trámite parlamentario, se puede destacar:

• Se ha fortalecido el compromiso presupuestario del conjunto de administraciones para la mejora de la financiación pública del sistema universitario público español. Este compromiso implica la reversión de los recortes en financiación pública ocurridos durante la pasada década que hicieron, que incluso hoy en día, aún no se hayan alcanzado los niveles de financiación existentes en 2009.
• Se establece que los precios públicos de las matrículas solo podrán contenerse o reducirse progresivamente y que serán las CCAA quienes tomen esta decisión anualmente de dicha bajada. Cuando la LOSU entró en el congreso aun mantenía el modelo anterior de poder poner un precio máximo sin límite por parte de la Conferencia General de Política Universitaria.
• Se añade una nueva medida para que las universidades tengan un papel importante en la lucha contra el cambio climático, con la obligatoriedad de definir e impulsar una Estrategia de Mitigación del Cambio Climático que incluya planes de eficiencia energética y sustitución a energías renovables, de alimentación sostenible y de cercanía, y de movilidad.
• Se refuerzan los derechos de los estudiantes, introduciendo:
  • La opción a que se creen Consejos de estudiantes de las CCAA.
  • Un nuevo derecho específico de accesibilidad para estudiantes con discapacidad.
  • El refuerzo del derecho de favorecer la compatibilidad de su participación en actividades universitarias de mentoría, de aprendizaje-servicio, Ciencia Ciudadana, culturales, deportivas, de representación estudiantil, asociacionismo universitario, solidarias, de cooperación y de creación de nuevas iniciativas sociales y empresariales,
  • Y finalmente el poder disponer de una defensoría universitaria también en las universidades privadas.
• Se democratiza la entrada a la formación permanente que ofrezcan las universidades a las personas que, aunque no posean ninguna titulación universitaria habilitante, puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria.
• También en términos de democratización se amplía el acceso a la figura de rector o rectora al profesorado permanente doctor a tiempo completo que cuente con una alta capacidad investigadora, una acreditada docencia, y una experiencia de gestión en algún cargo unipersonal. Serán las universidades quienes especificarán los criterios y méritos específicos dando así autonomía a las universidades.
• Se refuerza la política de eliminar la precariedad en la universidad introduciendo en la financiación estructural los gastos de los planes plurianuales de estabilización de las plantillas que indica esta ley y la prestación de un servicio público de calidad. Asimismo, se ofrece un tiempo transitorio para que los y las asociados que hagan más de 120 horas lectivas se les pueda renovar en estas mismas condiciones hasta que salga la plaza de estabilización a contrato indefinido y se incide en que las universidades articulen procesos de entrada de este profesorado asociado a la figura de profesor ayudante doctor.

En definitiva, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario supone un avance para las universidades y para el sistema universitario en su conjunto. Así, se prepara y se dota de herramientas a este sistema que permita afrontar los retos del futuro ahondando en la internacionalización, la ampliación de derechos de la comunidad universitaria, así como una fuerte apuesta por la democratización del sistema poniendo un tope a los precios de las tasas universitarias que ahora sólo podrán mantenerse y reducirse, lo que supone en la práctica una fuerte apoyo a la economía del alumnado y sus familias.